La organización de derechos humanos más prominente de El Salvador, Cristosal, ha suspendido sus operaciones y evacuado al personal después de enfrentar amenazas, acoso y presión legal por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.
El grupo, conocido por investigar la corrupción y los abusos en las cárceles, citó la represión creciente y el arresto de uno de sus empleados como razones clave para irse. Esta medida sigue una tendencia más amplia de periodistas, activistas y defensores de derechos que huyen del país debido al aumento del autoritarismo y la represión de la disidencia. Los críticos advierten que la consolidación del poder de Bukele recuerda a épocas pasadas de persecución política en El Salvador.
La salida de voces de la sociedad civil plantea preocupaciones sobre el futuro de los derechos humanos y la democracia en el país.
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